Tortura y fotografías (2). El juez Ruiz Polanco conocía los informes médicos y el guardia civil que controló el arresto no reconoció a Romano en la fotografía.
Informaciones publicadas en GARA el 16 de marzo de 2002.

El guardia civil que controló el arresto no reconoció a Romano en la fotografía

* Dos agentes del instituto armado han declarado como imputados en un juzgado madrileño

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid es el encargado de instruir el procedimiento abreviado en el que se investiga el trato recibido por Unai Romano durante el periodo en el que permaneció incomunicado en manos de la Guardia Civil.

El pasado 21 de enero, el juez Valentín Sanz Altozano tomó declaración, en calidad de imputados, a dos guardias civiles: los que actuaron como instructor y secretario durante la detención de Romano.

Teóricamente, el instructor de la Guardia Civil es quien debe velar por los derechos del detenido hasta que es puesto a disposición del juzgado. Tras ser interrogado, éste indicó al juez que los ciudadanos vascos arrestados por «terrorismo» suelen denunciar torturas «para desprestigiar a las Fuerzas de Seguridad», según ha podido conocer GARA.

Ante ese comentario, el juez mostró al guardia civil la fotografía tomada a Romano el día 7 de setiembre y le preguntó si sabía quién era esa persona y si creía que se había autolesionado. El agente, que declaró que vio al joven durante los primeros momentos de la detención en Gasteiz, no reconoció a Romano en la imagen.

En los mismos términos se pronunció el otro guardia civil, por lo que el juez decidió solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil que identifique a los responsables de los turnos de calabozos de las dependencias de Madrid en las que permaneció Romano entre el 6 y el 7 de setiembre.

Este es el «primer gran obstáculo» con el que, según los letrados, se encuentra la acusación a la hora de concretar las imputaciones.

No han sido éstas las únicas declaraciones tomadas por el titular del juzgado ordinario madrileño. El 29 de enero comparecieron como testigos los dos presos colombianos que se encontraban como asistentes en la enfermería de la prisión de Soto del Real.

El mismo día prestó declaración la médico forense de la Audiencia Nacional Leonor Ladrón de Guevara, la facultativa que se percató de la gravedad del estado en el que se encontraba Romano cuando le hizo la segunda revisión.

La primera denuncia por torturas fue presentada en un juzgado de Instrucción de Gasteiz por Iker Urbina, el abogado designado por la familia Romano-Igartua, que decidió tomar esta iniciativa nada más comprobar el estado en que se encontraba cuando pudo visitarle el 11 de setiembre, cinco días después de haber sido detenido en su domicilio de la capital alavesa.

Un día más tarde dieron los mismos pasos, en la Audiencia de Donostia, Iñigo Elkoro y Juan Carlos Ioldi, letrados de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), tras observar el «lamentable aspecto» que presentaba Romano, según recuerdan.

A estas diligencias, que han pasado al Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, se sumó la ratificación del propio afectado, que dejó constancia del relato que no pudo hacer ante Guillermo Ruiz Polanco, el titular del Juzgado de Instrucción Central número 1 de la Audiencia Nacional.

Por otro lado, durante la rueda de prensa en la que Unai Romano compareció ayer en Donostia, Torturaren Aurkako Taldea recordó que estas imágenes tienen el mismo valor que las que este colectivo presentó en octubre de 2001, con las marcas de electrodos en el cuerpo de la joven irundarra Iratxe Sorzabal. Aquellas imágenes también fueron obtenidas por un médico forense.

En este contexto, Iñigo Elkoro comentó que «salvo algunos medios, la mayoría apenas se hizo eco de esas pruebas. Es más, las ocultaron». Por ello, mostró su esperanza de que esta vez no se repita esa situación. El abogado subrayó la importancia de que «la sociedad vasca conozca qué pasa cuando un ciudadano es detenido y torturado».

Ruiz Polanco conocía los informes médicos

F.F. DONOSTIA

El juez Guillermo Ruiz Polanco vio a Unai Romano el día 11 de setiembre, todavía en un estado muy similar al que reflejan las fotografías realizadas por el médico forense, pero no quiso tomar en cuenta la denuncia de torturas. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 había recibido previamente varios informes médicos, según consta en las propias diligencias que llegaron a su despacho.

Con fecha de 7 de setiembre le llegaron dos informes de la médico forense Leonor Ladrón de Guevara. En el primero, la doctora señala que, cuando visita a Romano a las 18.45 del día 6 en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, el joven «dice que ''me han dado golpes en la cabeza y la tengo como hinchada''», aunque indica que «se deja reconocer no apreciándose señales de violencia reciente». En el segundo, tras visitarle a las 9.45 del día 7, la médico informa de que Romano presenta «hematoma en anteojos de coloración negruzca con gran edema palpebral; edema e inflamación a nivel frontal, cigomático y en raíz nasal; muy ligera equimosis retroarticular bilateral de coloración oscura; herida inciso-contusas en ambas muñecas, con marca de dientes». Como conclusión, manifiesta que esas lesiones «son todas recientes con una data de entre 4 y 8 horas aproxima- damente», recogiendo que el propio detenido le ha dicho que se autolesionó en las muñecas y que el resto de las lesiones «son debidas a los golpes sufridos la pasada noche». Además, el juez recibió cuatro informes de la enfermería de Soto los días 8 , 9 y 10, y otro informe de la forense el día 10.

TAT: «¿Por qué no prosperan las denuncias?»

F.F. DONOSTIA

Durante el pasado año cerca de cien ciudadanos vascos dieron a conocer que habían sido torturados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como quedó reflejado en el informe presentado recientemente por Torturaren Aurkako Taldea (TAT).

En la comparecencia de ayer ante los medios de comunicación, Iñigo Elkoro fue preguntado por los periodistas por la situación procesal de esos casos. Tal como explicó el letrado, han sido cincuenta las denuncias presentadas ante los juzgados del Estado español, y de ellas una veintena ha sido ya sobreseida, es decir, archivada provisionalmente. El resto se encuentra en distinta fase de instrucción y su conclusión puede llegar «dentro de cinco, ocho o veinte años», tal como comentó. No obstante, subrayó que el caso de Unai Romano se está instruyendo de forma excepcionalmente rápida.

También es excepcional, como recordó Elkoro, el que en esta ocasión, como ocurrió con Iratxe Sorzabal, exista un material fotográfico que puede ser presentado por la acusación como evidencia, siempre que la denuncia prospere y se logre identificar a los agentes responsables de las torturas. «En la mayoría de los casos, sólo se enfrenta el testimonio de los detenidos con el de los policías, y el juez instructor siempre considera que no tiene por qué dudar de la versión policial», lamentó el letrado.

Los abogados que asisten a las personas que han denunciado torturas también tienen claro que las dificultades para lograr que los casos lleguen a juicio se amontonan. «¿Por qué no prosperan las denuncias?», se preguntó Iñigo Elkoro, para señalar que los jueces se atienen a la «falta de pruebas».

Para responder más explícitamente a esa pregunta destacó que «las marcas desaparecen durante el tiempo de incomunicación», que los médicos forenses de la Audiencia Nacional no respetan los protocolos internacionales para la prevención de la tortura y que, fundamentalmente, «hay jueces que no investigan las denuncias».

En este contexto, Elkoro hizo referencia al debate que en esos mismos momentos se desarrollaba en el Parlamento de Gasteiz, donde EA había presentado una moción en la que recoge los mismos puntos que TAT considera necesarios para erradicar la tortura, entre ellos, la abolición de la «legislación antiterrorista» y la desaparición de la Audiencia Nacional. «Veremos qué sucede», dijo con escepticismo.